Economía y sector minero-energético

Puede haber quienes crean que resulta excesivo afirmar que la suerte del sector minero-energético incide sustancialmente en las finanzas públicas y que, por ello, debería evitarse su afectación deliberada e injustificada, para no poner en riesgo el funcionamiento del Estado. Sin embargo, la realidad es que Colombia sí depende, en gran medida, de los ingresos que se producen a partir de la explotación de los minerales y los hidrocarburos, así haya a quienes eso, no les guste. Nuestra Constitución Nacional, dedica un número importante de sus artículos a estos bienes y las rentas que producen, y hay motivos para ello.

La H. Corte Constitucional, se ha referido a la importancia económica de la industria minero-energética, en términos de lo que representa para la sostenibilidad fiscal. Expresamente ha indicado que esa sostenibilidad fiscal es la “Herramienta para la consecución progresiva del Estado Social y Democrático de Derecho teniendo en cuenta los ingresos generados por las actividades y operaciones de exploración y explotación del subsuelo y de los RNNR, que a través del Sistema General de Regalías promueve la equidad regional, la equidad social y la equidad para la defensa de la competitividad nacional” (SU-095/2018). No son propósitos menores, y gracias a estos aportes, se viabiliza la satisfacción de muchas necesidades de la población a cargo del Estado.

También ha precisado el alto tribunal que “resulta de singular importancia para la administración pública que el régimen económico establecido por la Constitución y la ley se desenvuelva en condiciones de normalidad, sin alteraciones, buscando asegurar la prestación de los servicios que de él se desprenden” (C-083/1999). Matar la gallina de los huevos de oro, podría incumplir con ese deber.

Por ello, es un tanto paradójico que, bien sea por razón de la malquerencia resultante de asociar las industrias de este sector al calentamiento global, o por no tener a quien más acudir, cuando de dinero se trata, todos los caminos conducen a las industrias mineras y de hidrocarburos para gravarlas sin límite. Ejemplos de esto son la reforma tributaria de 2022 creando la sobretasa y la no deductibilidad de las regalías, luego la conmoción interior para el Catatumbo y su impuesto especial del 1% del valor de las ventas en pesos y, ahora, con el nuevo decreto y el incremento de las tarifas de autorretención en la fuente, para anticipar impuestos a pagar en 2026. Aun cuando se dice que no hay un interés particular en afectar a sectores que ya se encuentran con una estrechez fiscal, la minería y los hidrocarburos siguen en la lista de los destinatarios de estos y otros impuestos, a pesar de los bajos precios de mercado y los problemas con la demanda que han inducido la reducción significativa de la producción. No se acude a los sectores que no tributan o que evaden o eluden los impuestos. Siempre se va al mismo cántaro y es probable que, de tanto ir, se rompa.

Debería tenerse en cuenta, por parte de las autoridades, que mientras no tengamos otras fuentes que reemplacen esos ingresos, no deberían tomarse medidas para seguir marchitando estas industrias. Tenerlas en la mira para cuanta restricción, prohibición, exclusión y tributación se ocurra, sin recordar que son el salvavidas económico y social, es casi un acto suicida. Por ahora, no hay turismo, café, flores u otro producto nacional, que reemplace los ingresos que las industrias minero-energéticas, le generan al Estado. Tampoco tenemos otras fuentes de energía disponibles en cantidad suficiente y a precios razonables, para mover nuestra economía en tiempos de crisis mundial. Por lo anterior, no estaría mal un poco de apoyo en estos tiempos difíciles y un tanto de agradecimiento a este sector, por sus aportes al bienestar común.